Ponerle fin a la impunidad en todas sus dimensiones

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Dice el jurista chileno Roberto Garretón que la impunidad en el marco de las violaciones a los derechos humanos no es sólo falta de castigo, sino que debemos entenderla en cuatro dimensiones diferentes: impunidad penal, la impunidad política, la histórica y la moral. La primera se refiere a dos aspectos: la falta de sanción penal, pero también las condiciones privilegiadas de cumplimiento de las mismas cuando se dan; la impunidad política o social se refiere al mantenimiento en puestos de poder de quienes fueron responsables políticos de esos hechos, lo que a menudo tiene la aceptación de la sociedad; la impunidad histórica es aquélla que se mantiene respecto la aceptación del reconocimiento histórico de esos mismos responsables, por ejemplo, con la existencia de monumentos a su nombre u homenajes. Por último, la impunidad moral se refiere a los militares y el intento de éstos de que la sociedad los trate como héroes, sin que sea posible cuestionar el accionar del Ejército en el marco del conflicto; no poder denunciar ni visibilizar delitos graves cometidos por éstos se convierte así en un factor de impunidad.

Esta clasificación responde a la realidad concreta de la post dictadura en Chile, pero podemos trasladarla a Colombia también, aunque nos toque hacerle algunas adaptaciones. Como ejemplo de la impunidad política, si miramos el caso de la parapolítica, se conoce que han sido pocos los juzgados y/o condenados y quienes se acusan o condenan por participar en este fenómeno no sufren desde luego la situación de crisis humanitaria (en febrero de 2016 la corte constitucional señaló en la sentencia T-762/15 que existe un estado de cosas contrario a la Constitución por las precarias condiciones de detención) en la que están los más 120.000 presos (según cifras del INPEC) que hay en el país (por ejemplo, Santiago Uribe fue sindicado en una guarnición militar, no en una cárcel); este tema también se deriva de un modelo de justicia estructural que favorece la impunidad penal. Pero también, seguimos viendo como representantes políticos a algunos que han sido o están siendo investigados de financiar el paramilitarismo y otras graves violaciones de derechos humanos en el país; además, a esas mismas personas se les hacen homenajes y se les trata de “insignes ciudadanos”, por ejemplo mediante series de televisión o actos de reconocimiento públicos. Por último, estamos viendo cómo se configura un intento de impunidad moral desde una parte de las Fuerzas militares, que entienden que no es posible cuestionar públicamente su actuar en el marco del conflicto, pese a hechos como los falsos positivos y su reconocida connivencia en algunos casos con el paramilitarismo (como Mapiripán).

Para Garretón, y también para otros expertos internacionales, la lucha contra la impunidad constituye un elemento fundamental para la construcción de la democracia. Y es que no es sólo competencia de las instancias judiciales, ni ordinarias ni transicionales, aunque sin duda también les es conocida; la idea de que en Colombia hay un elevado índice de impunidad es repetido a menudo, y eso que la pensamos solamente desde el ámbito penal, como ausencia de sanciones hacia los responsables de delitos o, en el caso específico, de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero la impunidad es todo un entramado, del que, en cierta forma, la sociedad en su conjunto puede ser responsable, aunque en diferentes grados.

En el caso de los procesos de negociación de paz en Colombia, el término impunidad sale también a relucir como una constante; eso sí, quien enarbola la bandera de la lucha contra la impunidad cambia según quiénes estén negociando. El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares mediante la Ley de Justicia y Paz en 2005 introdujo en el país el concepto de justicia transicional y desde el inicio se señaló que iba a implicar impunidad para tantas y tan graves violaciones cometidas por los paramilitares; y esa crítica vino también de las organizaciones de derechos humanos, para quienes aceptar muchas de las concesiones que hizo aquella ley es muy difícil, tras tantos años de denuncia y lucha contra el fenómeno paramilitar. Las cifras, tanto de verdad como de justicia, parecen respaldar esa idea: de los 311.122 hechos cometidos por los paramilitares que la Fiscalía investigaba, éstos solamente reconocieron el 21% en sus declaraciones; además, hasta la fecha solamente ha habido 46 sentencias por 4.305 hechos y de los 31.671 solamente 5.190 desmovilizados fueron postulados por el Gobierno para los tratamientos especiales, quedando el resto en libertad y sin obligación de contribuir a la verdad.

En el actual proceso de paz con la insurgencia de las FARC-EP (y probablemente lo sea también en el recién iniciado con el ELN), son otros quienes se han adoptado el eslogan de “Paz sin impunidad”, bajo la premisa que es inaceptable que los guerrilleros no paguen penas de prisión; aquí, el hecho de no cumplir penas de prisión se entiende como impunidad, aunque solamente en un sentido, repitiendo la idea histórica de que solamente la guerrilla es responsable del conflicto y de los graves crímenes cometidos en el marco del mismo.

Si bien está claro que los intereses son diferentes en un caso y en el otro, lo cierto es que socialmente hemos aceptado que los procesos de paz negociada en Colombia van a significar impunidad. Pero, ¿qué entendemos por impunidad?, ¿esa idea se ha convertido en la profecía autocumplida? Como decíamos antes, parece que entendemos la impunidad casi exclusivamente como ausencia de sanciones de tipo penal, es decir, la impunidad penal, dejándonos por fuera las otras dimensiones que propone Garretón. Y es que si pensamos en la lucha contra la impunidad, la primera imagen que se nos viene a la mente es (probablemente) la de un juicio que lleva a la prisión, tanto para crímenes graves cometidos en el marco del conflicto armado, como para delitos comunes. El populismo punitivo, que aboga por resolver todo mediante el encarcelamiento, ha contribuido a anular la discusión sobre el concepto mismo de justicia, pero también sobre la impunidad; eso se refleja en que si no hay cárcel, no nos sirve, no hay justicia y reina la impunidad. Y todo ello pese a que la cárcel no parece ser un mecanismo realmente eficaz para evitar que nadie vuelva a cometer las acciones que le llevaron a ella.

Además, si bien parece que la sociedad piensa que esos procesos de paz negociada van a suponer siempre impunidad en el caso de Colombia, también parece claro que los procesos de justicia transicional tienen como objetivo garantizar los derechos de las víctimas, lo que refleja una esperanza en los mecanismos que se creen para garantizarla. Cumplir con esas expectativas requiere entonces un funcionamiento transparente de los mecanismos que se van a crear en el marco del SIVJRNR.

Pero el tema tiene más implicaciones; si pensamos en cómo construimos un país democrático, donde se respeten las diferencias, tenemos que pensar también en cómo afrontamos aquí y ahora el paso de una situación de conflicto armado a una de construcción de paz, de forma que la impunidad, en todas sus dimensiones, no se siga reproduciendo. Desde luego, esa tarea es complicada, pero tenemos que entender que encarcelar a unos pocos, incluso si son los máximos responsables, no es suficiente.

Saber la verdad sobre lo sucedido, se vuelve entonces también necesario no sólo como una forma de reconocimiento del pasado, sino también como un paso necesario para comenzar a construir un futuro que no esté dominado por la impunidad desde ninguna perspectiva. La lucha contra la impunidad penal que las organizaciones de derechos humanos y las víctimas han llevado a cabo históricamente en el país, debe entonces integrarse en una perspectiva más amplia que lucha también contra la impunidad política, histórica y moral.

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