Oportunidades para la defensa de derechos humanos en la ciudad y la localidad de Usme con la implementación del Acuerdo Final de paz

Ponerle fin a la impunidad en todas sus dimensiones
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“Necesitamos desarrollar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de manera holística”
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El pasado 23 de marzo, el CPDH finalizó la Escuela de derechos humanos y paz que realizamos durante un mes y medio con líderes, jóvenes y defensores de derechos humanos de la localidad de Usme, en Bogotá. Durante el cierre, se desarrollo esta propuesta para la reflexión, partiendo del trabajo realizado en la Escuela:

El 2 de octubre en el plebiscito sobre el Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, la ciudadanía votó rechazando dicho acuerdo, aunque por un margen estrecho de votos. Las interpretaciones que se hicieron del reparto de votos, reflejaban el conflicto entre la ciudad y el campo colombiano; las regiones rurales más afectadas por el conflicto armado votaban a favor, mientras que las ciudades votaban mayoritariamente en contra. En el caso de Bogotá, aunque el voto fue mayoritario por el sí, también el margen fue reducido, y en tres localidades del sur, entre ellas Usme, la población votó por el No. ¿Cuál fue la razón?

Aunque ustedes seguramente tienen más explicaciones y análisis, que parten del conocimiento de la localidad y sus problemáticas, parece que una de las razones que está en el centro de esa explicación es que el Acuerdo parece ajeno a la ciudad. En aquel momento, varios dijeron, y dijimos, que las ciudades votaban en contra porque no vivían el conflicto, pero probablemente es necesario matizar esto, ya que la ciudad está llena de gente que sufrió el conflicto en carne propia. Pero entonces, ¿es cierto que no nos afecta al Acuerdo de paz?

Lo primero que queremos señalar es que, efectivamente, creemos que la paz, una paz real, estable, donde no haya conflicto armado, donde los conflictos sociales se resuelvan de formas democráticas, sin armas, donde exista justicia social y posibilidades de llevar a cabo nuestros sueños, creencias y proyectos de vida, esa paz es algo que se construye a largo plazo, mas allá de la firma de un Acuerdo, pero éste es un primer paso fundamental para nuestro país. Tras más de 52 años de guerra, nos merecemos al menos poder vivir sin la cotidianidad de la muerte.

En Bogotá, en septiembre de 2015, según la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la Alcaldía de Bogotá, estaban registradas 360.977 víctimas, de las cuales “cerca de 230.000 ya fueron caracterizadas. De ese modo, el Distrito identificó que 39.381 viven en Ciudad Bolívar, 34.202 en Bosa y 17.264 en Usme”. Además de otra gran cantidad de personas que, si bien no se consideran víctimas directas, sí han sido afectadas por el conflicto armado y la violencia en diferentes formas. Precisamente en este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas que el Acuerdo aborda en el punto 5, es algo que nos afecta a todos colectivamente, en varios sentidos; en primer lugar, el reconocimiento y garantía de derechos no es una lucha exclusiva de las víctimas, si no que nos afecta a todos y todas: reconocer y sancionar las graves violaciones de derechos humanos (Violencia sexual, desaparición forzada) reparar a las víctimas y hacer reformas encaminadas a la no repetición de la violencia, son acciones necesarias como sociedad para luchar contra la impunidad en todas sus dimensiones y comenzar a construir ciudadanía, entendida ésta como el reconocimiento de que todos, sin distinción, somos sujetos de derechos.

Los conflictos y las violencias en las que vivimos no son exclusivamente las del conflicto armado, necesitamos también nombrarlas y afrontarlas, y para ello, comenzar por afrontar las que fueron cometidas en el marco del conflicto armado es un primer paso. En este sentido, nos parece especialmente importante el componente de verdad que se crea en el Acuerdo, es decir, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; respecto a éste debemos preguntarnos ¿para qué queremos o necesitamos saber la verdad? A lo que podemos ofrecer varias respuestas: en primer lugar, conocer la historia del conflicto pasa por reconocer la historia de nosotros mismos como comunidad, la historia de un nosotros que se desenvuelve en un territorio que es el nuestro; lo anterior implica, tomar conciencia de que para reconstruir un “nosotros” cada vez es más importante reconstruir nuestra historia, incluso a nivel personal, y de allí dar el salto a lo colectivo ¿cómo se conformó la localidad de Usme? por ejemplo, ¿cuándo llegaron acá nuestros antepasados o nuestros vecinos? y ¿por qué? seguramente en la respuesta a esas preguntas encontremos más de una referencia a los efectos de la violencia; tenemos que cotidianizar esas memorias e historias abstractas, traerlas a nuestras vidas aquí y ahora.

Por otro lado, y como señalábamos antes, reconocer las múltiples violencias se convierte también en una exigencia ética, un deber con quienes las sufrieron, para desde ahí pensar las transformaciones necesarias; también se hace necesario para conocer de que forma se produjeron históricamente determinados fenómenos y romper los mitos y mentiras que se han construido en el marco del conflicto, aceptar y entender al otro son aspectos claves de la construcción democrática. Además, el mandato de la CEV no solamente se refiere a abordar la violencia, sino también las experiencias de resistencia y reconstrucción, de personas y comunidades victimizadas, que nos muestren una historia de la que no podamos sentir orgullosos. La CEV es el espacio de las víctimas y de la sociedad, no se limita al conflicto FARC-Estado, sino que incluye los hechos ocurridos con otros actores armados que sí han estado y han hecho parte de nuestras ciudades, como por ejemplo, el M-19.

Otro de los aspectos que incluye el Punto 5 del Acuerdo y nos parece clave destacar, es el de Garantías de No Repetición; este es uno de los menos desarrollados en el Acuerdo y, por lo tanto, uno a los que más se le puede aportar. El Acuerdo contempla algunas medidas en materia de derechos humanos y señala que el cumplimiento de lo acordado es la principal garantía de no repetición. Si bien estamos de acuerdo con eso, creemos que las garantías de no repetición requieren transformaciones institucionales y sociales más profundas, como la reforma de la Fuerza Pública, el acceso a los archivos policiales, reformas de la justicia, reformas educativas, entre otras. En lo que queda pendiente de reformas en este sentido, creemos que también desde los procesos organizativos que tienen acá se puede aportar mucho, porque es aquí en las localidades, en los territorios, donde más se siente y se ve qué es lo que no funciona y qué genera violencia.

La participación política es uno de los aspectos al que ya hemos hecho algunas referencias y creemos es de vital importancia para las ciudades. Si pensamos en los problemas políticos que afronta el país y que rechazamos, probablemente uno de los primeros temas que se nos venga a la cabeza sea la corrupción y la falta de representatividad. Y es que es una de las características más claras de nuestra cultura política, de hecho no solamente lo es en Colombia, sino en otros muchos lugares. Con respecto a este tema, el Punto 2 del Acuerdo propone varias medidas encaminadas a fortalecer la incidencia de las denuncias y la prevención y lucha contra la corrupción; entre las medidas contempladas, el Gobierno nacional creará un programa especial para la eliminación y prevención de la corrupción, dentro del que se contemplará el seguimiento a los políticos y sus patrimonios para poder ejercer representación política y se creará una Misión Electoral Especial para la reforma del sistema electoral.

Además, se llevará a cabo un proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana en la política, así como de las organizaciones y movimientos sociales, contemplándose la elaboración de una ley de garantías y promoción de la participación y de otras actividades que puedan realizar las los mismos, como la revisión de las funciones de los Consejos territoriales de planeación, el fortalecimiento de las veedurías o medidas para facilitar la presencia de las mujeres en espacios de participación; para su elaboración se convocará un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de voceros y voceras de las organizaciones y movimientos sociales más representativos. El acuerdo contempla algunos lineamientos para el mismo, como el fortalecimiento de las organizaciones, la mejora de su financiación, el intercambio de experiencias o el acceso a difusión; como resultado de ese espacio se creará una Comisión de diálogo, de la que harán parte voceros y voceras de dichas organizaciones elegidos internamente.

De igual forma, se propone la creación de un estatuto de la oposición, que ya ha sido presentado en el Congreso y que incluye garantías para el ejercicio de la política, incluidos los líderes de base de las comunidades, con medidas de prevención y protección, así como fortalecimiento de la cultura de convivencia y respeto. Igualmente este punto contempla reformas legislativas para la garantía del derecho a la protesta y la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, que será el encargado de elaborar propuestas para la política pública en materia de convivencia y cultura democrática y participativa. Otro espacio importante es el de los medios de comunicación comunitarios, regionales e institucionales, respecto a los cuales el Gobierno se compromete a abrir convocatorias y facilitar los espacios para las organizaciones.

Creemos que todas estas medidas y espacios, aunque no agotan las posibilidades de la participación y la lucha contra la corrupción, ofrecen posibilidades para la transformación democrática a la que las comunidades en las ciudades no podemos ser ajenos. No son “espacios para las FARC” o para las comunidades rurales, sino que son espacios para todos, donde también es necesario incluir las problemáticas de las ciudades y propuestas para su transformación.

Estrechamente ligado con lo anterior, está lo referente a las garantías de seguridad, éste también es un problema recurrente en las localidades de Bogotá, entre ellas Usme, donde hay evidencias sobre la presencia de grupos paramilitares, aunque no sean tan visibles como en el pasado, sabemos que aquí están (ejemplo Ciudad Bolívar). La inseguridad y las violaciones de derechos humanos, como vimos a lo largo de la escuela, son también demasiado frecuentes en la localidad y en nuestra vida cotidiana; respecto a este tema, el Acuerdo incluye un Punto (el 3.4) referente a garantías de seguridad que contempla varias medidas encaminadas a investigar las organizaciones criminales responsables de graves violaciones, es decir, las estructuras paramilitares, la especialización de un cuerpo de élite de la Policía nacional o el fortalecimiento de medidas de prevención y autoprotección de las comunidades. Además, y muy estrechamente ligado a ello el Punto 4 del Acuerdo, sobre drogas ilícitas establece medidas referentes no sólo al cultivo de estas plantas, sino también al consumo de drogas (con medidas que lo entienden desde una perspectiva de salud pública) y al tráfico de drogas, endureciendo las medidas contra los responsables de éste.

El último aspecto al que quiero referirme es al tema económico. Y es que el costo de la guerra es muy elevado. Según información de la revista Semana, en 2014 el gasto anual en Defensa y conflicto armado era del 17.9% del PIB, 80.000 veces superior al de cultura y 120.000 veces superior al de empleo público, por poner algunos ejemplos. El fin de la guerra tiene que implicar un cambio en el presupuesto nacional y que éste se pueda destinar a las necesidades sociales y a reducir las desigualdades: tener una educación y una salud públicas y de calidad debería ser una prioridad hacia el futuro. Según un estudio realizado por el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el Producto Interno Bruto (PIB) se duplicaría cada 8,5 años sin conflicto y no cada 18,5 años, como ha pasado con conflicto en Colombia. Otro estudio de la Universidad de los Andes señala que “Dado que la tasa de crecimiento anual de Colombia entre 2000 y 2009 ha estado alrededor de 3,8 por ciento, el conflicto armado le ha costado a Colombia más de 100 por ciento de su tasa de crecimiento anual promedio en este período”. En definitiva, y aunque algunos sectores políticos han ligado la reforma fiscal con el Acuerdo de La Habana, hay que señalar que no es la paz lo que cuesta, si no la guerra y que la redistribución del gasto público tiene que convertirse en una bandera de las reivindicaciones populares para reducir desigualdades y acceder a los derechos sociales básicos.

Pero más allá de todo lo anterior, creemos que poner fin a los discursos del odio, abrir espacios para la lucha política sin armas y reconocernos a todos como sujetos de derechos, son elementos necesarios y urgentes en nuestra sociedad, para poder construir paz y también, para poder construir el país que queremos. Al Acuerdo ofrece oportunidades para ello; no será fácil llevarlas a cabo, ni tampoco transformar muchas de las realidades en las que vivimos, pero aprovechar las posibilidades que nos ofrece, puede ser un comienzo para ello. Leer el Acuerdo en clave de ciudad, así como buscar la fórmula para participar activamente en el proceso de negociación entre el Gobierno y el ELN para introducir allá las transformaciones para la paz necesarias en la ciudad, son retos que vamos a afrontar, pero que nos ofrecen la posibilidad de pensar y actuar para proponer el país que queremos.

El Acuerdo de La Habana ha sido leído en clave rural, y una parte responde a las problemáticas rurales, pero no es exclusivo de ellas, pero es que tampoco lo rural, lo campesino nos es ajeno; los campesinos son quienes cuidan nuestra agua y quienes cultivan los alimentos que nos comemos, por lo que su labor en el cuidado de la vida es fundamental; necesitamos también reconocer la deuda histórica que tenemos con el campesinado y dejar de verlo como algo que nos es ajeno para pensarnos un país conjunto; en el caso de Usme, localidad urbana y rural, esta necesidad de articulación es muy clara. El enfoque territorial que es transversal al Acuerdo no es sólo algo para las comunidades rurales o los territorios lejanos, es también la necesidad de pensarnos nosotros aquí como parte de un territorio específico.

El Acuerdo no resuelve todos los problemas del país, ni los nuestros personales, pero sí abre la puerta a poder al menos nombrarlos y hacer propuestas al respecto. Abre la puerta a lo político propiamente: el debate público y la construcción colectiva de las propuestas, de qué país y qué sociedad queremos. Por eso queremos decirles: hagamos propio el Acuerdo, leámoslo, saquemos de él todo eso que nos puede servir para las transformaciones que queremos, y, recogiendo el nombre de la campaña que estamos impulsando desde el CPDH, aprovechemos la oportunidad histórica de comenzar a vivir nuestros sueños.

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