“Necesitamos desarrollar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de manera holística”

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Documento preparado por el equipo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y de Vivamos este sueño para la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Obligaciones estatales contra la impunidad y JEP”, celebrada el 21 de marzo de 201, en su 161 periodo de sesiones.

Contexto

Históricamente las organizaciones colombianas que solicitan la presente audiencia a la CIDH, han estado comprometidas con la búsqueda de una salida política y negociada al conflicto armado en Colombia. El Acuerdo alcanzado en La Habana entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP constituye un escenario propicio para la construcción de garantías que satisfagan los derechos de las víctimas que en las instancias ordinarias no han hallado soluciones efectivas para el restablecimiento de su condición como ciudadanos y ciudadanas.

La reparación efectiva de las víctimas reclama el desarrollo de propuestas que permitan hacer frente a la crisis crónica del sistema judicial ordinario, que se alimenta, entre otros factores, de la persistencia de las causas del conflicto armado interno y sus dinámicas. Dicha crisis se manifiesta principalmente, en la ausencia de responsabilidades penales, de sanciones y medidas efectivas de reparación de los daños causados. Un escenario como este no podría calificarse de forma distinta a un escenario en el que reina la impunidad y que, por lo tanto, amerita la búsqueda de alternativas para combatirla.

Dada la complejidad del conflicto armado, debe considerarse que los efectos de los altos índices de impunidad en Colombia no se reducen simplemente al ámbito jurídico, sino que se extienden a los niveles políticos, históricos y morales. Así las cosas, es necesario atender todos los niveles de impunidad en el país, lo cual requiere de un modelo de justicia para la paz que responda a un enfoque holístico e integral, en el que los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales se complementan.

Con base en lo anterior, consideramos pertinente exponer las posibilidades del desarrollo de un enfoque holístico a propósito de lo acordado en materia de víctimas, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), y particularmente en su componente de justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tema de la presente audiencia.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición

El SIVJRNR, diseñado en los acuerdos de La Habana, integra diferentes componentes que, de manera holística, pretenden combatir desde diferentes flancos el fenómeno de la impunidad. Una lectura exhaustiva del Sistema permite comprender el interés manifiesto de las partes por satisfacer de manera equilibrada las expectativas de las víctimas y de la sociedad en general respecto al acceso a mecanismos judiciales efectivos, a escenarios de recuperación de la memoria histórica, al esclarecimiento de la verdad y al establecimiento de garantías de no repetición, y la necesidad de sentar las bases para una paz estable y duradera.

Tomando como antecedentes algunos mecanismos judiciales adoptados en procesos anteriores, es posible reconocer que, si bien se han logrado algunos avances, los resultados obtenidos respecto a la lucha contra la impunidad no han sido del todo alentadores. Para citar un ejemplo, basta con señalar que en doce años de vigencia de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) solo se han obtenido 49 sentencias condenatorias, de las cuales 21 aún se encuentran en primera instancia y tan sólo 28 se encuentran en firme y han cobrado ejecutoria.

A diferencia de justicia y paz que pretendió resolver el conflicto en una sola Ley, el SIVRJNR contempla varias instituciones tanto judiciales como extrajudiciales y administrativas (Comisión de Esclarecimiento, Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz), para cuyo desarrollo se permite la participación de múltiples sectores sociales y políticos. Es precisamente en la apertura a la construcción colectiva de un modelo de justicia para la paz integral como el que se pretende, que radica su potencialidad para contribuir al reconocimiento de las condiciones que han perpetuado la violencia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

La JEP es el componente del SIVJRNR cuyo objetivo es la materialización del derecho a la justicia; sumado a las tempranas manifestaciones de reconocimientos de responsabilidad por parte de la insurgencia, el hecho de alcanzar un acuerdo en el que se crea un órgano jurisdiccional autónomo e independiente, es garantía, no solo de la voluntad de paz entre las partes, sino también de las posibilidades de alcanzar justicia en innumerables casos que se encuentran inconclusos sumidos en la total impunidad, y de procurar la reincorporación de quienes alguna vez se alzaron en armas.

Sin embargo, es pertinente referirnos a algunas críticas que se han venido fraguando en contra de los acuerdos y que señalan, en esencia, que el modelo de justicia restaurativa acordado es un modelo que promueve la impunidad, al no fijar penas de privación de la libertad exclusivamente intramurales. Como es de público conocimiento, y ha sido ampliamente aceptado en la doctrina y en la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, la satisfacción del derecho de las víctimas a la justicia no se restringe únicamente a la aplicación de penas carcelarias.

Al respecto, vale la pena señalar que la CPI ha considerado en sus informes que la efectividad de las sanciones no depende únicamente de su carácter carcelario, sino de una “auténtica rendición de cuentas”, que bien se puede dar mediante mecanismos y fórmulas no retributivas. Se trata de que los procesos de rendición de cuentas sean genuinos y respondan al interés de la justicia y que las sanciones sean efectivas. Estas deben corresponder a las necesidades y contextos propios de cada comunidad y que existan mecanismos idóneos para la verificación de su cumplimiento. En ese sentido, y a diferencia de la justicia ordinaria en Colombia, la JEP es un sistema que permitirá la ampliación del concepto de justicia, pues esta jurisdicción, además de responder a las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar, parte de paradigmas orientadores como la justicia prospectiva y restaurativa.

Cabe señalar que el SIVJRNR ha tenido que enfrentar algunos retos en su implementación normativa. A las dilaciones injustificadas del Congreso de la República, se suman las intervenciones temerarias de los congresistas que han tratado de modificar lo acordado entre las partes. Una muestra de lo anterior se acaba de presentar en la aprobación del Acto legislativo que le otorga rango constitucional al Sistema, pues durante los debates que antecedieron a su aprobación le fueron incorporadas por lo menos 9 modificaciones, algunas de las cuales preocupan, por su grado de elasticidad, a las organizaciones de víctimas y de defensores de derechos humanos.

En primer lugar, al ser aprobada la eliminación parcial del artículo 16 que establecía el régimen de responsabilidad de terceros y la competencia de las JEP para su juzgamiento, el Senado limitó la posibilidad de aplicar justicia en contra de los financiadores y los determinadores del paramilitarismo, en un intento por sustraerlos de la investigación y develación de lo ocurridos. Sin embargo está claro que a pesar de la voluntad de algunos miembros del Congreso de evadir la JEP, y fundamentalmente las investigaciones, el marco de competencia de investigación de esta son los graves delitos que en el marco del conflicto pudieron cometer todas las partes involucradas en crímenes internacionales. Se requiere el acompañamiento de la Comisión Interamericana a los Jueces y magistrados de la JEP, para que se establezca como una línea de investigación y sanción prioritaria la investigación de los terceros financiadores responsables de graves delitos.

En segundo lugar, llama la atención la manera en que, pese a las advertencias de las organizaciones de derechos humanos, se resolvió la aprobación de una fórmula que destaca tanto por su inconstitucionalidad, como por el desconocimiento que implica respecto de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano en materia de protección a los derechos humanos. En este estado, es necesario señalar que la decisión de distorsionar la definición de la responsabilidad penal por cadena de mando para miembros de las Fuerzas Armadas, va en contravía del derecho consuetudinario, el DIH y el Estatuto de Roma. No puede perderse de vista que el Acuerdo firmado, dispuso la interpretación de la cadena de mando, en concordancia con el artículo 28 del Estatuto de Roma y, sin embargo, durante el trámite de reglamentación dicha referencia fue eliminada de manera unilateral por el gobierno. Como consecuencia de lo anterior, el Proyecto de Acto Legislativo viola la confianza entre las partes y las obligaciones internacionales contraídas por el Estado colombiano, al reducir el ámbito de la aplicación de la JEP a la responsabilidad por omisión de los superiores militares. Se debe reseñar que en la JEP, han quedado dos principios de cadena de mando, el pactado bilateralmente por las partes que respeta plenamente los principios del derecho internacional de los derechos humanos y al cual la insurgencia está dispuesta a someterse; y otro dirigido a los miembros de las fuerzas militares que evade lo definido en el Estatuto de Roma y en las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

Conclusión y solicitudes a CIDH

La justicia transicional y su aplicación han sido uno de los objetos principales del trabajo del SIDH puesto que América Latina es una de las regiones dónde más procesos de esta naturaleza se han llevado a cabo en el mundo. Como es de amplio conocimiento existen numerosos casos y fallos emblemáticos de la Corte y Comisión Interamericana que refuerzan los derechos de las víctimas en contextos de transición y que apuntan al fin de la impunidad en casos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Las experiencias internacionales han alimentado y siguen alimentado el proceso en Colombia, tanto en materia de aprendizajes positivos como en lo que concierne a errores que no deben ser repetidos si se pretende concebir una transición genuina. Así las cosas, cabe resaltar que a diferencia de muchos otros procesos que se desarrollaron en este continente, el de Colombia responde a la lógica de una transición “negociada” la cual lleva consigo nuevos retos y posibilidades. Diego García-Sayán, ex presidente de la Corte Interamericana, e integrante del comité de escogencia para los comisionados de la CEV y magistrados de la JEP, hizo referencia a esos desafíos en el caso de El Salvador v. El Mozote del 2012:

“La solución negociada de un conflicto armado interno abre varios interrogantes sobre el juicio de ponderación de (los derechos de las víctimas), en la legítima discusión sobre la necesidad de cerrar el conflicto y poner fin a futuras graves violaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas, y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance.”

El camino que se logró acordar a través de la JEP y el SIVJRNR en su conjunto responde precisamente al equilibrio entre los derechos de las víctimas y la necesidad de alcanzar una paz negociada. Con esto en mente, consideramos indispensable el acompañamiento de las instituciones del SIDH, pues su amplia experiencia en el tema puede ser un aporte valioso en la veeduría de lo pactado, particularmente teniendo en cuenta el potencial de la JEP para responder a un alto número de casos irresueltos y hacer frente a una impunidad sistemática que desafortunadamente ha sido característica tanto de Colombia como de muchos otros países de la región.

En estas perspectivas nos permitimos realizar las siguientes solicitudes:

1. El respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las negociaciones de Paz suscritas por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, y un respaldo decidido a la aplicación afirmativa y plena de lo acordado, en especial al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y a la JEP.

2. La intervención de la CIDH, a objeto de ayudar de manera complementaria y constructiva al Estado Colombiano para evitar las presiones de sectores ligados a las fuerzas militares y grupos financiadores interesados en evadir o limitar las investigaciones que necesariamente tendrá que realizar la JEP, para establecer, esclarecer y sancionar las responsabilidades de lo ocurrido.

3. La CIDH, deberá suministrar a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y a la JEP sus informes construidos a lo largo de su existencia, a objeto de coadyuvar en la enorme tarea de esclarecer las causas del conflicto armado y esclarecer lo ocurrido.

4. Incluir dentro de sus próximos informes un capítulo especial sobre la implementación de los acuerdos, particularmente en cuanto a la materialización de los derechos de las víctimas, y en lo que concierne a las garantías de no repetición.

Descarga el documento en pdf: Enfoque holístico JEP

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